“El PP no va a permitir al Gobierno que haga clientelismo con las necesidades de los melillenses, ni que dilapide el dinero público”

“En el último Pleno de control, se evidenció claramente a un “Gobierno acorralado” por las ilegalidades que llevan cometiendo desde hace meses en distintos procedimientos administrativos”, así lo valoró el secretario general del PP de Melilla, Miguel Marín, quien aseguró, que “el área que dirige Mohamed Ahmed (CpM) ha intentado suplir con el programa ‘Melilla Colabora’ a la Consejería de Políticas Sociales, que no solo tiene las competencias, sino también las bases y el reglamento sobre las ayudas concedidas por la Consejería de Distritos, sin que sus responsables hayan sido capaces de explicar cómo ha sido el procedimiento administrativo o cuáles los criterios exigidos a los beneficiarios”.

“Hemos hecho preguntas concisas y claras sobre las ilegalidades en las ayudas que se están concediendo por parte de la Consejería de Distritos, y hemos obtenido la callada por respuesta”, añadió Marín al tiempo que recordó que “Políticas Sociales tiene una web para atender a las personas necesitadas, un órgano con mecanismos ya establecidos para prestar ayudas como área competente”. “A pesar de eso, Distritos decidió inventarse otras ayudas que ha concedido sin criterios y sin base. El gobierno no contesta a las preguntas, porque no hay ningún criterio aprobado ni publicado sobre la concesión de ayudas sociales por parte de una consejería que suple a la que realmente tiene las competencias”, insistió.

El dirigente popular y portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, ha destacado el hecho de que, “algunos melillenses han denunciado que vecinos con alto poder adquisitivo han accedido a esas ayudas y que otros han acudido en vehículos de alta gama a recoger las cestas con alimentos”.“La gestión del área de Distritos tendrá consecuencias, y el Partido Popular no permitirá ni el clientelismo político, ni que se dilapide el dinero público, ni que jueguen con las necesidades de los melillenses, como ya hizo Aberchán y compañía con el voto por correo. Llevamos tres meses pidiendo el expediente y no nos los dan”, aseveró.

En cuanto al expediente de Santiago, el acuartelamiento al que el Gobierno pretendía llevarse a los menores de Rostrogordo, Miguel Marín ha considerado una tomadura de pelo que se iniciara un ‘procedimiento de emergencia’ para comprar unos módulos que luego habrían tardado meses en llegar”, y ha considerado “ilegal adjudicar a dedo las obras de acondicionamiento de la parcela”.“Alguien puede saber ¿qué emergencia hay para comprar unos módulos que van a llegar meses después? se preguntó, al tiempo que lamentó la “manifiesta imprudencia del gobierno, en haber tirado más de 100.000 euros para nada con su decisión de actuar en la zona antes de tener los módulos”.

Asimismo, asegura que “expedientes como el del Fuerte de Rostrogordo o el del acuartelamiento de Santiago no solo están plagados de ilegalidades, sino que son un claro ejemplo de prevaricación y malversación, porque suponen el incumplimiento consciente de las normas que rigen el procedimiento administrativo y un mal uso del dinero público”.

“El centro provisional de menores de Rostrogordo es ilegal porque carece de la autorización necesaria y de todos los informes técnicos preceptivos. El gobierno de la Ciudad, ha incumplido lo que le exige a los ciudadanos o a empresas para desarrollar una actividad. Han incumplido conscientemente sus propios reglamentos y norma”, denunció.

En este sentido, Miguel Marín, ha anunciado que “el Grupo Popular enviará un comunicado a los responsables de cada área para exigir al gobierno, que informen sobre si el centro de menores de Rostrogordo, está capacitado para que se lleve a cabo la actividad propia de dicho centro; si esas instalaciones están capacitadas para acoger a menores”, ya que como se ha dicho anteriormente, “el PP considera también ilegal adjudicarle el servicio a una empresa sin experiencia en ese ámbito ni objeto social relacionado”.

También ha recordado el número dos de los populares de Melilla, que desde el 8 de abril, el gobierno local está pagando 8.000 euros todos los días a una empresa por 200 menores, con 56 trabajadores. Y la realidad dice, que ni había esos trabajadores ni esos menores en la fecha señalada y de que se declarara la emergencia del procedimiento”. “Demostraremos lo que estamos denunciando”, sentenció.

Marín afirma, que “la culpa de todo esto la tiene el Gobierno local en su conjunto”.“Un delito se puede cometer por acción u omisión; está claro quienes lo hacen por acción, pero también empieza a ser claro quienes empiezan a hacerlo por omisión. La Sra. Rojas como vicepresidenta primera del Consejo de Gobierno está obligada a impedir que en el gobierno local sigan cometiéndose ilegalidades. Allá ella”, advirtió.

En palabras de Marín, “la intromisión del consejero de Deportes en la organización de clubes como la Unión Deportiva Melilla es ilegítima. El Sr. Bussian ha utilizado desde su posición política el ‘chantaje’, algo impropio en un Estado de Derecho. Piensa que está en Venezuela y que puede ir a las Organizaciones privadas a decirles lo que tienen que hacer. Una autentica cacicada”.

Afirma, que “el propio consejero reconoció en una entrevista concedida a Televisión Melilla que estaba dispuesto a darle hasta 1,5 millones de euros a la Unión Deportiva Melilla, cantidad que otros medios reducen a 900.000 o incluso a 600.000 euros, porque la subvención final dependerá de que el Club ponga al entrenador y al equipo técnico que Bussian (CpM) impone”.

Por último, Marín ha mostrado la satisfacción del Partido Popular al ver como “una parte importante de españoles están percibiendo la utilidad de su voto al centro derecha”, y “respaldan con ello nuestra labor de oposición firme y responsable, denunciado lo que hacen mal tanto el Gobierno Central como Local”, ha concluido.