Díaz de Otazu interpela al gobierno por la insostenible presión migratoria que padece Melilla.

“Despedimos el pasado ciclo de sesiones a finales del mes de julio con las espectaculares sesiones de aplausos dispensadas a Pedro Sánchez, por parte de sus partidarios en diferentes sesiones de carácter político, como Plenos del Congreso o reuniones del Consejo de Ministros. Las espectaculares dosis de ovaciones se derivaban del ‘aparente éxito’ de nuestro flamante Presidente del Gobierno en sus ‘llamadas negociaciones’ para el apoyo de la Unión a Europea a nuestra nación para superar las catastróficas consecuencias económicas derivadas de la calamitosa gestión de la pandemia del COVID-19 realizada por nuestro Gobierno mediante la declaración de un Estado de Alarma, que se prorrogó en seis ocasiones y que supuso el confinamiento de toda la nación y la paralización de la práctica totalidad de la actividad productiva desde el 14 de marzo al 21 de junio, es decir, prácticamente hasta la finalización del período de sesiones”, repasó.

En este sentido, el parlamentario nacional, afirmó que “ha sido el confinamiento de más duración, de más extensión en las medidas comprendidas en el mismo y de consecuencias más negativas para los ciudadanos de todos los países con los que nos queramos comparar”.“Falta de asunción de responsabilidades y manipulación de la realidad para culpar siempre a los demás de los errores propios y no proporcionar solución aceptable alguna a los problemas reales de nuestra sociedad”, añadió.

Díaz de Otazu, asegura que “esto es lo que ocurre siempre que gobierna la izquierda, especialmente esta izquierda populista representada por la coalición social-comunista que actualmente ocupa el Gobierno de la nación. Falta de soluciones, propaganda máxima y descalabro social y económico sin parangón”.

“Tras un mes de agosto en el que no se ha adoptado disposición alguna y se ha presenciado impasiblemente como los rebrotes se adueñan de la realidad de nuestra nación, volviendo a ocupar los primeros puestos de mala gestión en el mundo desarrollado por parte de nuestros gobernantes, acometemos el nuevo curso parlamentario y escolar con mayor número de incertidumbres que aquéllas con las que cerramos el curso anterior”.

Recuerda el diputado nacional que “ayer, después del Consejo de Ministros, Pedro Sánchez se despachó con la oferta de una nueva sucesión de potenciales estados de alarma, planteados en esta ocasión de manera sectorial por territorios, en función de la interpretación sobre la conveniencia de implantarlas o no por parte de los diferentes Presidentes de Comunidades Autónomas, debiendo ser estas decisiones, a su vez, nuevamente respaldadas o no, en esta ocasión para cada una de las Comunidades Autónomas en las que se vaya a implantar o prorrogar, por el Congreso de los Diputados. Es decir, añadir confusión a la confusión”.

“Pero no son los rebrotes y la falta de claridad en las medidas para la reanudación del curso escolar los únicos males que nos aquejan, con ser graves y plagados de incertidumbres. En la sesión de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados celebrada el día de ayer se aprobaron por unanimidad las peticiones de comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero para informar "sobre el acuerdo alcanzado entre el departamento que dirige y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) relativo a la incautación de remanentes de las Entidades Locales por parte del Estado, así como la autorización del uso de superávit de los Ayuntamientos", así como la comparecencia de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, por 62 votos a favor, ningún voto en contra y 6 abstenciones para informar "de las medidas del Gobierno que aseguren un inicio del curso escolar 2020/2021 en las mismas condiciones de seguridad para todos los alumnos, profesores y personal de los centros educativos”, explicó.

“El resto de las solicitudes, todas ellas promovidas por el Grupo Parlamentario Popular, para que antes de que se reanude el periodo ordinario de sesiones, en septiembre, comparezcan el presidente del Gobierno, el vicepresidente segundo y los ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Industria, Comercio y Turismo; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Sanidad quedaron rechazadas”, indicó.

No obstante, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, señaló que “durante el debate sobre la solicitud de comparecencia del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se trató el asunto de la situación del CETI de Melilla, con su sobre ocupación y su situación actual de confinamiento, así como la situación de la Plaza de Toros y el Fuerte de Rostrogordo. Al propio tiempo, por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso se registraron una batería de preguntas sobre la llegada de inmigrantes irregulares a la ciudad de Melilla en los meses de junio, julio y agosto de 2020, la situación de la Plaza de Toros en cuanto a número de personas acogidas en la misma, características de las mismas, servicios que se les prestan, costes asociados y previsiones para recuperación de la instalación para su uso habitual y por último las actuaciones puestas en marcha y previstas para resolver la situación del CETI en cuanto a contención de contagios de COVID-19 y resolución de su problema de saturación que no siga constituyendo una recarga a las dificultades de Melilla en su conjunto”.

“El PSOE y la Sra. Rojas aseguraron soluciones para los problemas en Melilla. Y es al contrario. Trasladaron solo 300 inmigrantes desde el CETI para que el Gobierno local le resolviera discretamente el problema a Madrid. No se puede mirar para otro lado. Es grave. Asimismo, no hay respuesta de los gobiernos local ni nacional. El ministro Escrivá, dijo a la Delegada del Gobierno, Sabrina Moh, que el CETI no admitiera más personas y lo asumiera la ciudad. La única solución posible es trasladar inmigrantes a la península”, detalló.

“Como saben, porque ya ha sido objeto de anteriores comunicaciones a los medios, _ según el parlamentario nacional- desde el pasado mes de mayo se encuentra pendiente de debate en la Comisión de Asuntos exteriores del Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley, promovida por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la constitución de una Comisión Interministerial liderada por el Ministerio de Asuntos Exteriores con participación de otros Ministerios, así como de una representación de los Gobiernos de Ceuta y Melilla que permita disponer de un diagnóstico claro de la crítica situación por la que atraviesan ambas ciudades y adoptar, consecuentemente, las decisiones oportunas que permitan garantizar la sostenibilidad de ambas ciudades a pesar de las actuaciones realizadas por el reino de Marruecos que redundan en perjuicio de las mismas”.

Recuerda también, que “la presentación de dicha PNL traía su origen de la sucesión de actuaciones promovidas por Marruecos desde el cierre de la aduana comercial en julio de 2018, que, lógicamente, se han visto agravadas por las actuaciones acometidas como consecuencia de los intentos de contención de la pandemia del COVID-19, fundamentalmente el cierre de la frontera y la incertidumbre sobre su posible reapertura”.

En palabras del parlamentario nacional, “la situación se presenta de una manera crecientemente grave, por lo que se confía en poder debatirla a la mayor brevedad posible tras el comienzo del período de sesiones de la próxima semana”.

Díaz de Otazu no ha dejado pasar por alto, “el último suceso relacionado con esta deriva, que se vincula con el hecho de la no aceptación como europeas las mercancías procedentes de Melilla, circunstancia que parece haber sido desmentida por el Gobierno de Marruecos, al menos de manera institucional, si bien podría haberse producido por parte de algún importador marroquí concreto sin que se hubiese emitido ninguna disposición gubernamental al respecto”.

“Estamos tratando de confirmar uno u otro extremo. En cualquiera de los casos, lo que parece evidente es que la única postura improcedente, aunque es la adoptada por parte de las autoridades españolas, es la de la inacción y la de la espera a ver qué es lo que hace Marruecos y qué perjuicio producen dichas actuaciones sobre la vida comercial, económica y social de nuestras ciudades”, precisó.

Sin negar en absoluto el derecho que asiste a Marruecos de adoptar decisiones en beneficio de sus intereses y en defensa de su conveniencia, el diputado nacional, afirma que “se echa de menos la misma postura de adopción de medidas acordadas o unilaterales por parte de las autoridades españolas en la defensa de los intereses de sus ciudadanos en ambas ciudades”.

“Mientras esta es la situación, nuestros Gobiernos, tanto a nivel nacional como autonómico, se encuentran inmersos, lamentablemente, en la resolución de sus problemas internos. En Madrid con el caso de imputaciones crecientes por presunta corrupción en el seno de uno de los partidos que constituyen la coalición de Gobierno, dificultad que pretenden subsanar desviando la atención hacia un pretendido debate sobre la forma de estado entre Monarquía o República, debate que en absoluto es objeto de la preocupación de los españoles. Y En Melilla, con esas discretas reuniones entre representantes de diferentes formaciones de la coalición de Gobierno al objeto, por una parte, de reducir sus discrepancias públicas, aunque también se habla de presuntos acuerdos para apartar al actual Presidente de la Ciudad. Sea cual sea el caso, problemas que no se corresponden con los problemas reales de la ciudadanía, a los que deberían prestar atención exclusiva o, cuando menos, preferente”, ha continuado.

“Con la llegada al gobierno de ambos ejecutivos quedaron aparcados proyectos necesarios para el mantenimiento de la sostenibilidad de Melilla, tales como la ampliación del puerto comercial (anteayer me mostraron una foto comparativa de la situación de contenedores en la terminal marítima en 2017 y 2020 y la comparación es desoladora), la configuración de una nueva terminal para cruceros, la ampliación del campus de la Universidad de Granada en la infraestructura de las antiguas oficinas de correos y el impulso a las obras para el traslado del Regimiento Alcántara a la Base Alfonso XIII para negociar la cesión del Acuartelamiento Primo de Rivera y disponer, así, de superficie apta para la expansión del número de plazas hoteleras en la ciudad, entre otras”, reprochó.

Díaz de Otazu, lamenta que “en lugar de todo ello y de asumir responsabilidades por lo que se hace o no se hace en la actualidad, tenemos a dos Gobiernos, uno de más de dos años en Madrid y otro de más de un año en Melilla, culpando de todo lo que ocurre a la herencia recibida, a la oposición, que, según ellos critica y por lo tanto crispa y en el caso de Melilla, empeñado en seguir sometiendo a análisis las actuaciones de un gobierno que dejó sus responsabilidades hace más de un año, empeñado en gastarse el dinero de los melillenses, o en buscar alguna irregularidad de hace más de diez años, todo ello en lugar de hacer frente a los muchísimos problemas que la ciudad tiene en la actualidad, que no son pocos. Es, sencillamente, inaceptable”.

Por último, considera, que “es momento de que se pongan a trabajar para mejorar la vida de los melillenses, que escuchen a la oposición y que asuman que en un régimen democrático la oposición tiene sus responsabilidades y el Gobierno también”.“Es deber de la oposición exigir que las asuman, cosa que por responsabilidad institucional y con los ciudadanos esta oposición seguirá exigiendo”, ha concluido.